El Gobierno, por real decreto, traspasaba las competencias de tráfico de el Cuerpo Armado a la Comunidad de Navarra, una aspiración histórica de los abertzales.
Especialmente crítica se muestra la Sala del Supremo con el argumento del PSOE, compartido con la Fiscalía, sobre la falta de conocimientos técnico-jurídicos de los ciudadanos